Nota sobre la anulación de la política conocida como “pies secos/pies mojados”

Ni muy temprano, para que las emociones no dicten, ni tan tarde que parezca oportunismo. Primero, una nota escolástica: definir los términos. El presidente Obama no anuló una ley, eso es imposible por la sencilla razón de que el poder ejecutivo carece de facultades legislativas. El poder ejecutivo, en cambio, tiene unas limitadas facultades legislativas que usa en forma de “órdenes ejecutivas” (executive orders) cuando la cuestión de que se trate es de una urgencia y/o importancia y/o pertinencia que haga imposible esperar por el largo y tortuoso camino de su presentación, discusión, aprobación y conversión en ley por el Congreso, que es el poder legislativo de la nación, una vez firmada por el Presidente, Por tanto, no existe “ley de pies secos/pies mojados”. Esa es una política en forma de orden ejecutiva, que aprobó el Presidente Bill Clinton en 1995, tras la “crisis de los balseros” del verano de 1994 y de las subsecuentes conversaciones migratorias con las autoridades de La Habana; negociaciones que dieron lugar a que se reactivara el tratado migratorio de 1984, suscrito por la administración de Ronald Reagan y el Gobierno cubano, presidido entonces por Fidel Castro, y que había sido suspendido por este último  cuando el gobierno estadounidense inició las transmisiones de Radio Martí el 20 de mayo de 1985.

Esa orden ejecutiva de 1995 dispuso que se devolviera a los cubanos interceptados en el mar y que se aceptara “bajo palabra” (parole)a los que lograran tocar tierra. Los “pies secos” aseguraban además subsidios económicos y de salud durante varios meses, y al año y un día comenzaba el proceso de solicitud de la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que concede ese privilegio a todo cubano que ingrese legalmente en los Estados Unidos.

Hasta 1995, todos los que arribaban de manera ilegal al país eran admitidos y sometidos a un proceso de deportación que al final nunca se llevaba a efecto, ya que no existía acuerdo de deportación entre los EE.UU. y Cuba. Al año y un día muchos se acogían a la Ley de Ajuste Cubano —principalmente los que arribaban por mar— y otros tenían que hacer otras gestiones legales hasta tanto pudieran beneficiarse de dicha ley, o sea, quienes cruzaban la frontera entre México y los EE.UU. o con documentación falsa.

Después del 12 de enero, la situación migratoria de los cubanos vuelve a ser exactamente igual a la que existía en 1995. Las circunstancias políticas internas y externas y los contextos sociales y económicos son, sin embargo, radicalmente distintos a los del año 1995; por lo tanto, aun cuando la situación migratoria de los cubanos sea la misma que en aquel entonces, la aplicación de la ley será diferente.

Desde el 21 de noviembre de 2007 existe un programa de “parole” que ampara a los ciudadanos cubanos que han sido reclamados por sus familiares domiciliados, ya sea como residentes permanentes o como ciudadanos naturalizados, en los Estados Unidos. En virtud de ese e programa, los reclamados no tienen que esperar el tiempo reglamentario establecido de acuerdo con la relación familiar entre el reclamante y el reclamado, como en todos los casos de reunificación familiar. El gobierno de los Estados Unidos utiliza las 20,000 visas de entrada que prescribe el acuerdo migratorio de 1984 para atender a las reclamaciones familiares, los reclamados llegan y reciben ciertos beneficios y ayudas hasta que, transcurrido el año y un día, comienza el proceso para obtener la residencia permanente. Ese programa es posible, 1) por la Ley de Ajuste Cubano y 2) por el actual tratado migratorio que establece la concesión de 20,000 visas al año a ciudadanos cubanos. El tratado también recoge el compromiso del gobierno cubano de aceptar a quienes sean deportados y a los “excluibles” del Mariel, una lista elaborada por el gobierno de Ronald Reagan. El gobierno cubano, no obstante, ha aceptado a muy pocos deportados y “excluibles”, calificando de inaceptable la política de “pies secos/pies mojados” como marco de un proceso migratorio legal, seguro y ordenado. Suprimida esa excusa, el gobierno cubano se ha comprometido a aceptar a los “excluibles” del Mariel y a otros pendientes de deportación por la comisión de delitos graves.

La orden ejecutiva conocida como “pies secos/pies mojados” tuvo como coartada poner freno a la migración ilegal por vía marítima, pero propició el tráfico humano de “expertos lancheros” que antes traficaban drogas y después se dedicaron a traficar cubanos, además de que actuó como incentivo para cuanto cubano decidiera tratar de ingresar ilegalmente en los EE.UU. por cualquier vía, por cuanto podían contar con ayuda suficiente para sobrevivir durante el año y un día que los separaba de la residencia legal.

Dos cosas dieron al traste con esa política: 1) la nacionalización española de un elevado número de cubanos y sus descendientes y 2) la normalización de la política migratoria cubana desde 2013. Después de la reforma migratoria cubana de 2013, los cubanos no tienen como única opción para ingresar en los EE.UU. lanzarse al mar o pagar altísimas sumas de dinero. —basta obtener una visa de salida a cualquier país latinoamericano para que comience un recorrido que podría originarse en cualquier punto de la geografía de América del Sur y llegar a la frontera con México o Canadá y, con los “pies secos”, obtener el estatus migratorio que le ofrecía el gobierno norteamericano; o usar la ciudadanía española para entrar directamente por cualquier aeropuerto norteamericano y una vez allí valerse del pasaporte cubano para acogerse a la política de “pies secos/pies mojados”. Además, los cubanos dejaron de necesitar la famosa “tarjeta blanca” o permiso de salida de Cuba y tenían hasta dos años para regresar y no perder su condición de residentes legales en Cuba ni sus propiedades. Entonces, el gobierno norteamericano se vio atenazado con su propia tenaza —el flujo de cubanos era incontenible, no llegaban solamente como fruto del tráfico humano por mar, ahora los aeropuertos eran la “frontera” que conquistar. Una vez aceptados en territorio norteamericano (ab)usaban (de) los subsidios económicos y de salud. Por si fuera poco, antes de los dos años regresaban a Cuba, incluso sin residencia legal, ya que el gobierno norteamericano les otorgaba la documentación necesaria, y mantenían su doble condición de cubanos residentes en Cuba y en los Estados Unidos. Muchos legisladores cubanoamericanos pidieron entonces que se revisara la Ley de Ajuste Cubano para que a esos cubanos no les fuera posible regresar a Cuba tan poco tiempo después de su llegada a los EE.UU. ¿Cómo lo lograrlo? La única manera es modificar el plazo para adquirir la residencia legal a más (mucho más, si es posible) del plazo prescrito de un año y un día.

El Presidente Obama, correctamente, apoyó la normalización de las relaciones diplomáticas con Cuba, proceso que comenzó el 17 de diciembre de 2014. Ese proceso conlleva igualmente la normalización en muchas otras esferas de interés común, entre ellas la migratoria. Esfera esta última en la que, por demás, los afectos y la política se abrazan hasta abrasarse. Los cubanos, de las dos orillas, a pesar de sus sospechas, nunca imaginaron que las cosas se produjeran de la manera en que sucedieron —la noticia de la suspensión de la orden ejecutiva de “pies secos/pies mojados” condujo a la desazón y el desconcierto, la amargura y el encono, mucho más que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2014. Las cosas con Cuba, para un lado o para el otro, serán así, secretas y sorpresivas; esa es la única manera que tienen los dos gobiernos de sortear y esquivar a los distintos grupos de intereses y de presión en ambos lados del Estrecho de la Florida. Esperemos más de esto, en cualquier sentido y dirección.

Ahora bien, el gobierno norteamericano tiene una responsabilidad moral con los miles de cubanos varados en distintos lugares de América Latina. Esos cubanos que salieron de Cuba antes del12 de enero, o ese mismo día, o antes de la promulgación oficial de la orden ejecutiva, deben ser admitidos en los EE.UU., pues este país tuvo, hasta ese día, una política que motivaba a muchos a asumir riesgos y tomar decisiones difíciles con tal de venir a vivir el “sueño americano”. No pueden ni ser dejados a la intemperie ni devueltos sin más a Cuba.

La política migratoria de los EE. UU. hacia Cuba sigue intacta: volvemos a 1995 con la Ley de Ajuste Cubano como la gran protagonista de esa política. La administración saliente le ha dejado no una papa, sino muchas papas calientes a la administración entrante. Veremos que pesa más en la balanza de “los nuevos duros”, si las promesas de campaña de parar en seco la inmigración ilegal—yo diría que toda la inmigración— o la supuesta deuda de gratitud con el electorado cubanoamericano del sur de la Florida.


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