Cuento de una niña cubana, un “padre…, quien cultiva malangas y plátanos en Cabaiguán, Cuba” y una ““adinerada familia cubanoamericana de Coral Gables”, sazonado con el sistema legal del Estado de la Florida.

Como número aciago, sortilegio funesto, siete años después del descalabro ético y político que supuso para la ciudad de Miami el intento de secuestro de un niño y de conculcación de los derechos de paternidad a un padre, la historia se repite, otra vez, siempre trágica.

Hace algún tiempo la prensa de Miami publica informaciones sobre un caso que involucra a un ciudadano cubano residente en Cuba y su hija de cuatro años, nacida en Cuba y que reside en Miami desde 2005 -en el medio los tribunales pertinentes, el Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) y una, según la prensa local “adinerada familia cubanoamericana de Coral Gables”. La niña, su hermano mayor, hijo de un matrimonio anterior de la madre, y la madre emigraron de forma legal a los Estados Unidos; el padre de la menor accedió a firmar el permiso de salida de la niña. Una vez en los Estados Unidos, la madre de los niños pierde la custodia al intentar suicidarse, “la acaudalada familia” los recibe de las manos del DCF y el padre de la menor, ahora de cuatro años, reclama la custodia de la niña y su devolución a Cuba, país de origen de ambos. Hasta aquí la información que ha salido en la prensa de la ciudad de Miami.

El proceso legal lleva en curso varios meses. El DCF y “la acaudalada familia” reclaman su derecho por sobres los del padre natural de la menor a adoptar a la menor. El padre reclama su derecho de paternidad sobre su hija natural. Los tribunales están en el proceso de escuchar a las partes implicadas y emitir un veredicto, que cualquiera fuere será apelado. Así que este es un caso que tomará tiempo y dinero, sobre todo dinero de los contribuyentes. Los argumentos expuestos por el DCF para conculcar los derechos del padre, según los describe la propia prensa local, son descabellados, desde el punto de vista legal, e inmorales, desde un simple racionamiento humano. El DCF, que representa los intereses de “la acaudalada familia” ha dicho que el padre abandonó sus derechos al firmar el poder de salida de la menor de Cuba (entonces si en Cuba los progenitores de los emigrantes menores de edad se negaran a firmar el poder de salida estarían actuando en defensa de sus propios derechos e intereses, no serían unos “obcecados comunistas” como los calificaría la gran comunidad exiliada de Miami), lo ha acusado de abandono por no enviarle dinero, tarjetas de felicitación, etc., a la niña durante los dos años que estuvieron separados (entonces, si desde Cuba se puede enviar dinero y regalos, la situación en el país es tan normal que toda la virulencia por un “cambio de régimen” es falaz), incluso, han utilizado los derechos del hermano mayor sobre su hermano para sacar del juego al padre. Una lectura desinteresada de estos reportes me confirma el grado de indigencia moral en que esta comunidad ha descendido en la defensa a ultranza de una obsesión que los aleja cada vez más de la realidad, de la historia y, por supuesto, de la ética. Textualmente de “El Nuevo Herald” (agosto 11, 2007): “…Richard Gelles, decano de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Pennsylvania, quien ha escrito 25 libros sobre bienestar infantil, dijo a The Miami Herald en una entrevista telefónica que la posición del estado de Florida no se ajusta bien a las leyes federales y estatales que amparan a los niños.”

Sin embargo, hay una arista del asunto que permanece en el silencio, un silencio brutal, la madre de ambos niños. No se trata de explotar, sin compasión, la frágil figura de esta madre –es prestar atención al drama humano de esta mujer que emigra, tiene una crisis, intenta suicidarse y pierde la custodia de sus hijos. Ella no es noticia – está loca. Nadie tiene en cuenta el sufrimiento, la desgarrada frustración de esta mujer, que se ve, probablemente sola, separada de su entorno social natural, quizás hasta de su familia, que no sabe enfrentar los durísimos retos que significa adaptarse a un nuevo contexto cultural, geográfico, social, político, económico. La imagino sola, en una de esas instituciones de salud mental que pululan en el condado de Miami Dade, enajenada de todo lo que le acontece a ella, a sus hijos, sometida a un régimen de psicofármacos violento, sin otro aliciente que sentarse a engullir la comida barata que les sirven a los pacientes mentales del lugar. Los trabajadoras sociales no han hablado una palabra, al menos no ha sido reportado, de esfuerzos para restituirla a una vida normal, en la cual su maternidad y sus derechos puedan ser asumidos responsablemente; no se reportado preocupación ninguna de las partes contendientes en hacerse cargo de esta mujer que no merece envejecer y morir abandonada de todos. Esta mujer sola hay que sacarla del retrato de familia, solo merece la lástima que nace del engreimiento. ¿Cuál institución que defiende los derechos de las mujeres, de los pobres, de los enfermos, de los niños se ha involucrado para restituir los derechos de esta madre y de sus hijos? No hay compasión, porque no hay ética, porque no interesa la verdad sino la certidumbre de las leyes, porque los que sufren, según el parecer de los administradores de justicia, no tienen derechos. Esta mujer sola representa el desamparo en el que viven miles de personas en este país, en esta comunidad; su nulidad como fuente de noticias es la cifra de la banalidad de una sociedad que se interesa más en las preferencias sexuales de Angelina Jolie que en el sufrimiento real de las personas. Es esa ausencia de conmiseración, de com-padecer, que tienen las instituciones públicas la que enajena a las personas de su ser social, lo que equivale a decir, de su ser para los otros. Mientras desde los púlpitos dominicales se nos hace el cuento de Jesús, un cuento alienado también, porque ha sido sustraído de su raíz (y su ala) histórica, una mujer sola, sufre.

Esta mujer sola y sus hijos deben ser puestos en la situación original: deben ser puestos en Cuba para ver si el retorno a su ámbito los reintegra, también, a la realidad. La posibilidad de los hijos de regresar a los Estados Unidos debe estar abierta para que cuando arriben a la mayoría de edad hagan uso de sus derechos que una vez, por ser menores y estar sometidos a las autoridad de sus padres, fueran supeditados a los de estos. El cálculo de la ley debe estar anclado en las realidades humanas y no éstas secuestradas por otros cálculos, mucho más mezquinos.