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Hace poco conversaba, o escribía aquí mismo, sobre la simetría en cuanto a la Ley de Ajuste Cubano, entre el exilio anticastrista y el gobierno cubano, aunque obviamente por razones distintas. El exilio no quiere más cubanos del tipo que no apoya la irracionalidad y la impunidad ciegamente; y al gobierno cubano se le pueden adjudicar conveniencia política, oportunismo económico o, simplemente, actualización del modelo, cualquiera de ellas redunda en beneficio de los cubanos.

Desafortunadamente, la oposición al gobierno cubano, al modelo o el proyecto de nación (actualizado o no) que la revolución propone, careció (carece) de legitimidad, no porque el modelo o proyecto propuesto fuera infalible para el desarrollo de la nación cubana, sino porque se articuló y funcionó (se articula y funciona) mancomunada con intereses foráneos. Una oposición legítima nace (se hace) del análisis de las circunstancias reales donde se ejecuta, aspira a ser una práctica política, no una ideología política, aunque no está exenta de ser teorizada, de ser influida por teorías políticas.

Las reformas económicas, las tercas realidades políticas, unas generaciones cada vez más despolitizadas y fragmentadas han terminado por convencer al gobierno cubano de lo que la hostilidad y los planes de agresión y desestabilización no pudieron, reiventarse (perdón por el anglicismo) en un modelo más democrático y participativo, en el que las cotas de justicia social no sofoquen las libertades y derechos individuales.

El tema migratorio ha sido la más evidente plataforma de lanzamiento del anticastrismo y la contrarrevolución; y es en ese mismo campo que el gobierno cubano ha decidido producir las más radicales de sus actualizaciones. Como en el juego de toma-y-daca que ha caracterizado las relaciones cubano-norteamericano del último medio siglo, el gobierno norteamericano debe actualizar su política migratoria hacia Cuba, de manera que se produzca una relación congruente con las nuevas realidades.